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    1. PROCESO DE INTERLOCUCIÓN SOBRE DESAPARICIÓN FORZADA EN EL MAGDALENA MEDIO

En el marco de la lucha por verdad, justicia y reparación, las organizaciones de víctimas en el Magdalena Medio, propusieron acciones de incidencia política. ASFADDES realizó talleres preparatorios en Aguachica, San Pablo, Barranca, de los que salieron propuestas para el espacio de dialogo, el cual también pretendía: Visibilizar el delito, La gravedad de lo que ocurrió en la región, Condición política del desaparecido, Participación del Estado y la incapacidad del Estado en brindar justicia y ley de homenaje.

    1. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE DIÁLOGO SOBRE DESAPARICIÓN FORZADA

 

      • Incidir en la búsqueda de personas desaparecidas en el magdalena medio.
      • Identificar las fallas de los mecanismos legales y autoridades encargadas para la atención integral a víctimas y búsqueda de desaparecidos.
      • Constituir una comisión regional de búsqueda para el Magdalena Medio, integrada por funcionarios regionales de Medicina Legal, Procuraduría, Fiscalía, Defensoría Regional del Pueblo, Alcaldía (derechos humanos y desarrollo social) Gobernación de Santander (derechos humanos y desarrollo social) y organizaciones de víctimas: ASFADDES, ASORVIMM, CREDHOS.

 

    1. CON QUIENES SE PUEDE HACER LA INTERLOCUCIÓN

Se invitaría a Presidencia, Vicepresidencia, Fiscalía General, Contraloría, Defensoría del Pueblo, Procuraduría, Medicina Legal, Alcaldías y Gobernaciones Magdalena Medio y a organizaciones acompañantes OACNUDH.

Se observa que La Comisión Nacional De Búsqueda no ha dado muestras de efectividad en resultados de búsqueda de desaparecidos, porque las personas que asisten no tienen poder de decisión. No obstante es la instancia donde se realiza la coordinación interinstitucional más importante en el país, además de estar prevista por ley.

    1. LECTURA DE LA SITUACIÓN ACTUAL

 

      • ASFADDES:

No hay justicia, para casos y las victimas tienen el duelo congelado. Las palabras de moda transición, reconciliación no tienen sentido por esto y porque los grupos ilegales (paramilitares) siguen en los barrios y con impunidad. Necesitamos que las autoridades responsables puedan ayudar para que las victimas tengan estos derechos. En el cementerio de Barrancabermeja hay unos 60 NN que son de la región y no tienen un seguimiento para ver si son falsos positivos ni se ha difundido esta información a la sociedad para ayudar en la búsqueda de desaparecidos. A pesar de derechos de petición y de ASFADDES y solicitudes de las familias, no se ha exhumado con agilidad.

Hay disputa entre Justicia y Paz y Medicina legal. Las familias de desaparecidos no quieren ni show mediático con entregas masivas, ni ostentación de autoridades. Medicina Legal debería tener recursos y el SIRDEC tenga suficientes recursos.

La Fiscalía no ha proveído para la carga de trabajo en desaparición forzada. Todos los recursos fueron asignados a Justicia y paz.

      • Colectivo 16 de Mayo:

La sociedad colombiana le presta mucho interés al secuestro y olvida la desaparición forzada. En la época de Fiscal Iguarán se dijo que había 51 mil desaparecidos pero no se les ha podido dar justicia. En el caso 16 de mayo hay demoras para la identificación de uno de los cadáveres. Para las pruebas de ADN debe existir un dictamen adicional con peritazgo de una entidad independiente. Es importante porque agentes del estado están vinculados a los hechos y hay desconfianza de las familias sobre dictámenes del mismo Estado. Debería haber un registro único de personas desaparecidas a nivel nacional, que contraste la información de ONG y agencias del estado.

      • ASORVIMM:

La DF es un tema que debe ponerse en nivel nacional e internacional. No hay atención con dignidad a las víctimas. En las exhumaciones se entrega un par de huesitos y no hay apoyo sicosocial, no les dicen qué pasó realmente porque hay varias versiones y no se concluye ninguna. Hay ignorancia de la sociedad sobre la desaparición forzada y manejo de medios inadecuado. Debe realizarse una difusión de la DF. Hay desconocimiento de las organizaciones de derechos humanos y de familiares de víctimas por parte de las autoridades.

      • CORPORACIÓN NACIÓN:

La Ley 975 sigue siendo vigente como referente de los derechos de las víctimas. Verdad por ejemplo, implica que puede recogerse información sobre crímenes de lesa humanidad en proceso judicial. En ley 1448 el registro de victimas unificado ayudará a identificar el tamaño del daño, pero en memoria histórica está atrapado por discreción de la institucionalidad.

      • CORPORACIÓN DIGNIDAD HUMANA:

Hay un estado inconstitucional de cosas en desaparición forzada en relación con la situación. La convención de 2006 y ley que ratifica, es muy clara en las responsabilidades del Estado en la lucha contra este delito.

 

    1. DIFICULTADES OBSERVADAS EN LA PARTICIPACIÓN DE LOS FAMILIARES DE PERSONAS DESPARECIDAS

 

      • Desconocimiento de las entidades con respecto a quien buscan, falta de investigación preliminar rigurosa y eficiente de manera que las entidades no saben a qué familiares contactar ni tienen clara las rutas de búsqueda.
      • Falta de información adecuada y comprensible de las familias sobre su derecho a participar.
      • La Fiscalía rechaza la presencia de familiares y acompañantes en las diligencias de exhumación por falta de seguridad; un argumento contradictorio si a la vez el gobierno niega la existencia de un conflicto armado, del control paramilitar y resalta los avances de seguridad gracias a la Política De Seguridad Democrática.
      • Temor por parte de funcionarios del impacto emocional en los familiares y comunidades, y su incapacidad de manejarlo sin apoyo de profesionales, especialmente en las diligencias de exhumación e identificación.
      • Escasez de recursos para que las víctimas puedan hacer seguimiento al proceso judicial y el proceso de búsqueda.
      • Aviso de diligencias de exhumación con poca antelación.

 

    1. PROPUESTA PRESENTADA ANTE LA COMISIÓN NACIONAL DE BÚSQUEDA Y LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL

 

    1. Al Estado Colombiano se le propuso revisar sus obligaciones con relación a la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las Desapariciones Forzadas.
    2. Sugirieron ampliar el reglamento de la CNBPD, en relación con la participación de las víctimas y sus organizaciones. En ese sentido, establecer mesas de diálogo en el territorio de Magdalena Medio, entre la Comisión y las víctimas.
    3. Demandaron la necesidad de hacer campañas para prevenir y visibilizar el delito de desaparición forzada.
    4. Plantearon la importancia de hacer una estrategia de difusión nacional para que se cumplan las leyes, sentencias y la convención internacional para la protección de todas las personas contra la desaparición forzada.
    5. Sugirieron dividir la Unidad Especializada De Desaparición Forzada Y Desplazamiento Forzado de la Fiscalía General de la Nación en dos unidades diferentes, con experticias distintas. Y crear una sub unidad para el Magdalena Medio.
    6. Manifestaron la necesidad de fortalecer la articulación y coordinación con la fuerza pública para poder llevar a cabo las diligencias de exhumación dando cumplimiento a la Ley 1408.
    7. Pidieron que se presentara un informe a la región del Magdalena Medio sobre los resultados del convenio 001 entre la Registraduría, Ministerio del Interior y Medicina Legal. Se propone que la Fiscalía se incorpore al convenio.
    8. Exigieron la conformación de un grupo de trabajo, para que amplíe la información del SIRDEC y se obtengan de manera expedita los resultados esperados.
    9. Demandaron que la Procuraduría General de la Nación se pronuncie frente a los miles de casos de desaparición forzada e investigue la conducta de las Fuerzas Armadas que se han denunciado y demás servidores públicos comprometidos en el delito de desaparición forzada.
    10. Manifestaron que la reparación de las víctimas del delito de desaparición forzada no puede ser de manera administrativa, la reparación final es la entrega digna de sus seres queridos, la verdad real de los hechos y una debida justicia.
    11. Propusieron que la CNBPD y a la Cooperación Internacional interlocuten con la nueva institucionalidad para asegurar la asignación de recursos económicos cuyo objetivo sea resarcir material, moral y psicológicamente a las víctimas del delito de desaparición forzada, cuando estas se encuentre en grado extremo de vulnerabilidad.
    12. Exigieron a los Departamentos y Municipios que promuevan campañas de difusión y divulgación de la Ley 1408 de 2008, sobre homenaje e identificación de las víctimas y asignen recursos económicos para cubrir los gastos fúnebres, de transporte, alojamiento y alimentación de las víctimas, en los eventos de entrega de restos.

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